Está en el Código Penal y no queda más remedio que acusar. Pero lo menos posible y con el anuncio de que respaldará el indulto. La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación en el que pide seis meses de cárcel para Ángel Hernández Pardo, el hombre que en abril del año pasado ayudó a morir a su mujer, que estaba en una fase avanzada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito de cooperación al suicidio. A continuación, anuncia que, "para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias concurrente en el presente caso, emitirá informe favorable". La pena tan reducida se debe a las previsiones legales para asistencia a enfermos en situación extrema y a la aplicación de dos atenuantes: la de confesión y la de parentesco.
El Código Penal castiga la asistencia al suicidio con penas que van de dos a 10 años. Sin embargo, precisa que se podrá bajar en uno o dos grados -lo que equivale a la mitad o la cuarta parte- en los casos en los que se "causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
La Fiscalía hace esa rebaja, además de tener en cuenta las atenuantes, y deja la pena en la cuarta parte de esos dos años de prisión mínima previstos. Al tratarse de una condena inferior a dos años, de imponerse no supondría el ingreso efectivo en prisión.
El escrito recuerda que la última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y que "en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas". En vista de la situación, e "incapaz ver poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta, el Sr. Hernández decidió finalmente ayudar a María José a poner fin a su vida". Así que, "consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola", acordó con aquella la forma en que la ayudaría.
Sobre las 10:00 horas del día 3 de abril del 2019, "estando solos en su domicilio, Ángel, con la intención de cumplir el deseo de María José, que estaba inmovilizada en su cama, vertió el pentobarbital sódico que tenían en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca, siendo la Sra. Carrasco la que lo ingirió con la pajita. A los 10 minutos el pentobarbital sódico provocó la muerte de María José por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella".
A continuación, el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido y aguardó a la llegada de la Policía. "No solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y vídeos sobre los hechos que tenía en su poder. Documentos estos que redujeron muy notablemente las gestiones para el esclarecimiento de los hechos", explica el fiscal para respaldar la rebaja de condena.
El fiscal relata los desvelos del acusado para atender a su mujer cuando esta empezó a necesitar la asistencia de una persona "para todas las actividades básicas de la vida diaria". El marido "solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla" y, a partir de ese momento, "se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer". Además, acondicionaron la vivienda para eliminar las barreras arquitectónicas.
El escrito de acusación resalta el "nulo" apoyo que el matrimonio recibió de la Administración, pese a que en 2007 el acusado pidió "reiteradamente" ayudas para el cuidado y el tratamiento de su mujer. Solicitó una residencia específica para enfermos de esclerosis, "denegándosela la Consejería de Familia y Asuntos Sociales". En 2009 se le reconoció a la enferma derecho al Servicio de Atención Residencial. "Sin embargo, y pese al reconocimiento, nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, siendo el Sr. Hernández la persona que tuvo que asumir él solo todas las responsabilidades del cuidado, lo que le generó un profundo sentimiento de desamparo y abandonó" explica el representante del Ministerio Público.
A partir de 2014, "en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello", la mujer transmitió a varias personas que deseaba morir. El matrimonio se puso en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente" donde recibieron asesoramiento. "A pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, el Sr. Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento", subraya la Fiscalía.
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