El Tribunal Supremo ha revisado este jueves la condena impuesta al presidente de la Generalitat Quim Torra por un delito de desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos a favor de los presos del 1-0 de los edificios del Govern en periodo electoral.
En la vista de casación, que ha durado una hora aproximadamente, el abogado Gonzalo Boye ha expuesto que su cliente no fue juzgado por un tribunal "imparcial" por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Boye ha señalado -ante la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta- que Quim Torra no ha gozado de un proceso con todas las garantías al ser juzgado por estos hechos y ha llegado a decir que "claro que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central. No lo vamos a negar, no venimos a discutir los hechos".
Asimismo, el letrado ha argumentado que la colocación de la pancarta es un acto político que estaría enmarcado en la libertad de expresión. "Libertad presos políticos es una reproducción literal del discurso político del señor Torra", destacó Boye quien a su vez mantuvo que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) "no se podía cumplir" porque no procedía de una autoridad superior. La defensa de Torra rebatía así la competencia de la JEC para sancionarlo.
"Todo esto viene de tres palabras. Libertad presos políticos. Los destinatarios de la queja eran los magistrados de esta Sala", apuntó el abogado del dirigente independentista.
Boye ha asegurado que su cliente fue tratado como "minoría nacional" en el TSJC por colocar "tres palabras en una pancarta" que reproducía su discurso político. Gran parte del argumentario desplegado por la defensa se ha centrado en tratar de acreditar el trato desproporcionado que habría recibido el presidente catalán por no retirar la citada pancarta a favor de los presos del 1-O. El abogado ha enfatizado en que Torra ha recibido un "trato distinto" frente a otros actos de desobediencia "y sólo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la Unión Europea, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido".
Por su parte, la fiscal Pilar Fernández Valcárce ha recalcado que la Junta Electoral era el órgano competente para velar por la neutralidad en los comicios y solicitar la deducción de testimonio contra Torra. La representante del Ministerio Público aseguró que la retirada de la pancarta era un acto administrativo y no político.
Desde la acusación popular ejercida por Vox, la letrada Marta Castro ha recalcado que "el principio de la democracia es el respeto a las leyes" y que el presidente Torra no fue juzgado por ningún "acto político" sino por un acto de desobediencia ante la JEC.
El president, que no ha intervenido de forma directa en el Salón del Plenos del Alto Tribunal, sí ha estado presente en la vista de casación. En su condición de autoridad, Torra se sentó en el primer banco de la majestuosa Sala, que no pisaba desde que acudió como público al juicio del 1-O.
El presidente de la Generalitat accedió al Supremo unos veinte minutos antes de que comenzará la vista por la puerta principal del antiguo Palacio de las Salesas, acompañado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de Presidencia catalana, Meritxell Budó.
En diciembre de 2019, el TSJC condenó a Quim Torra a año y medio de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos que la Junta Electoral Central consideró como símbolos partidistas. Durante el juicio en Cataluña, el presidente admitió la desobediencia en la Junta Electoral Central.
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