El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este lunes abordar una reforma del Código Penal en los próximos meses para "darle una vuelta" a los delitos de sedición y rebelión. Sin embargo, pese a la insistencia de los partidos de la oposición para clarificar en qué términos se afrontaría, éste ha dado largas y ha rehuido cualquier explicación mínima sobre su orientación a pesar de las preguntas del PP, Vox y Ciudadanos.
El asunto es de la máxima relevancia porque cualquier modificación legal que rebajase las penas podría suponer una reforma ad hoc de la ley orgánica para los políticos condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del 'procés'. De hecho, EL MUNDO ha desvelado que la llave que permitirá la disminución de las penas de los principales condenados por el 1-O será la introducción en el Código Penal de un subtipo de sedición agravada con la malversación de caudales públicos. Se trata de introducir un subtipo específico para aquellos delitos de sedición cuya consecución se haya logrado con el desvío previo de fondos públicos.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Campo ha sido preguntado sobre este asunto pero no ha arrojado más luz que la de confirmar que tiene voluntad de emprender una reforma sobre los delitos de sedición y rebelión. "¿Alguien tiene duda de que debemos darle una vuelta a ese tipo de delitos, ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución o al orden público que se pueden producir en situaciones nuevas?", ha dicho el ministro, evitando entrar en la cuestión y dejando en el aire "en qué términos" quiere conducirla.
Una revisión "necesaria" del Código
Por otro lado, Juan Carlos Campo se ha desentendido de que haya un plan preconcebido para reformar el Código Penal y ha negado que el PSOE haya adquirido un "compromiso" al respecto con ERC cuando cerró un acuerdo para que los independentistas catalanes le dieran apoyo parlamentario para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. En este sentido, su justificación para abordar en este preciso momento un cambio en la tipificación de los delitos ha sido que el Código Penal "necesita una revisión" porque "los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios".
El ministro de Justicia ha manifestado que su voluntad es afrontar la reforma del Código Penal con un "amplio debate", tanto en la modificación de la rebelión y la sedición como en otros asuntos que sobrevuelan ahora mismo,como lo referente a los delitos sexuales, medioambientales o la protección animal. "Espero que consigamos acuerdo y si no, no pasa nada, podrá salir si hay mayoría o no si no la hay", ha apuntado.
Hasta que esto se produzca, ha reprendido a la oposición por insistir tanto en este asunto ya que, a juicio del ministro, profundizar antes de que se plantee algo concreto supone "desgastarse" en "peleas estériles" que "todavía no han llegado".
Frente a la tranquilidad del ministro de Justicia, la oposición ha dado la voz de alarma y se ha mostrado muy preocupado ante la posibilidad de que haya "indultos por la puerta de atrás" para beneficiar a los condenados por el procés.
La oposición alerta: "Es una amnistía encubierta"
El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha aludido a la información que publica hoy este diario sobre los planes del Ministerio diciendo que se trata en realidad de "un indulto encubierto o de una amnistía encubierta". Mostrando la portada del periódico, ha advertido. "La reforma Junqueras es una reforma a la medida de los condenados, un fraude y un premio al golpe de Estado en Cataluña". El portavoz popular ha recalcado que por ahí "va a ser difícil" que haya un dialogo PSOE-PP.
Santamaría ha recordado a Campo que como ministro de Justicia su "responsabilidad" es que "nada ni nadie esté por encima de la ley o el margen" de ella y le ha recriminado que el afán del Gobierno de Sánchez por "desjudicializar la política" camine en la dirección de "crear espacios de impunidad para los independentistas". Por ello le ha advertido de que va a ser el ministro de Justicia que "más difícil lo va a tener" en todo el periodo democrático porque el presidente del Gobierno le va a pedir que "mire hacia otro lado mientras el independentismo quiebra el Estado de Derecho".
El portavoz de Vox en la Comisión de Justicia, Javier Ortega Smith, ha pedido explicaciones al ministro sobre la reforma del delito de sedición y rebelión y ha preguntado sin obtener respuesta si el Gobierno está buscando un "indulto encubierto" para los condenados del procés, a los que una vez más Vox ha acusado de haber cometido un "golpe de Estado".
Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha afeado que la modificación legal entre "dentro del pacto con ERC" para garantizarse su apoyo parlamentario. En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo "tiene en mente la "amnistía" a los políticos en prisión. Algo que el diputado naranja ha calificado de "tropelía" y "vergüenza".
Frente a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos, Campo se ha encontrado con el apoyo de los partidos independentistas. Jaume Alonso-Cuevillas, que además de diputado de Junts per Catalunya ha trabajado como abogado de Carles Puigdemont, ha pedido al Gobierno "mucha valentía política y jurídica" para derogar los delitos de sedición y rebelión. "Derogen, no suavicen", le ha instado prometiendo su apoyo en la línea que implique "desacelerar el conflicto político y poner coto a la derecha judicial y parajudicial". "Hagan lo que hagan la derecha va a protestar igual", le ha animado.
Mientras tanto, ERC ha mantenido un elocuente silencio al respecto de este asunto y no ha introducido el tema en el debate, prefiriendo referirse a otros asuntos. La CUP, como representante del Grupo Mixto, sí ha entrado para reclamar "amnistía" y una serie de reformas para que la Justicia no sea "el brazo ejecutor de la política".
Tampoco ha querido entrar demasiado en el asunto el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, y mucho menos hacerlo en los términos tan explícitos en los que se expresaba en una entrevista en El Periódico de Catalunya, donde daba por sentado que "en los próximos meses" podrían "aprobar la reforma del Código Penal que tendría como consecuencia que los presos recuperen la libertad".
La instrucción, a los fiscales
Además, en la presentación de su programa como nuevo titular de Justicia, el magistrado en excedencia ha apostado por incrementar las plazas de jueces y fiscales en los próximos presupuestos generales del Estado, aprobar la reforma de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y poner en marcha los tribunales de instancia para optimizar recursos materiales y humanos. Campo ha enmarcado todas estas iniciativas dentro de la agenda 'Justicia 2030', un "método de trabajo" para convertir el "sistema justicia en un auténtico servicio público".
El ministro, que a lo largo de su intervención ha hecho alusión en distintas ocasiones al diálogo y consenso, subrayó que es necesario trabajar por una "regulación moderna y justa" que garantice un enjuiciamiento penal plenamente adaptado a los principios constitucionales a través de la reforma de la LeCrim "superando de una vez una legislación decimonónica y desbordada por la realidad procesal".
Juan Carlos Campo impulsó como ex secretario de Estado de Justicia con el ministro Francisco Caamaño un nuevo proyecto de LeCrim donde la instrucción de los procesos judiciales pasaba a manos de los fiscales. El ministro se ha comprometido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a presentar antes de que finalice el año un proyecto de reforma de dicha ley orgánica al Consejo de Ministros. Campo ha señalado que la reforma de esta norma de 1882 es un "reto nacional" que se hará "escuchando a todos" y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales.
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