El eurodiputado gallego Adrián Vázquez, de Ciudadanos, ha sido elegido este lunes presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Juri) del Parlamento Europeo, la que se encarga, entre otras cosas, del suplicatorio para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Vázquez, que logró su escaño hace apenas unos días tras la retirada del Reino Unido de la UE y la reconfiguración de comisiones, ya dedicó toda la pasada legislatura a la Eurocámara, que conoce en profundidad. Ha sido estos años el responsable de las relaciones internacionales de la formación naranja, encargado de los contactos con la familia liberal europea.
"Es un honor asumir esta responsabilidad", ha explicado el diputado, el primero que ocupa la responsabilidad en este comité concreto. Para Vázquez, "la Comisión de Asuntos Jurídicos está llamada a desempeñar un papel fundamental en la legislación sobre Inteligencia Artificial y grandes plataformas digitales y Europa "tiene que ser ambiciosa y no puede quedarse atrás en las grandes transformaciones de nuestro tiempo", ha añadido, "ni resignarse a que sean China y Estados Unidos quienes fijen unilateralmente las normas y estándares sobre nuevas tecnologías y economía digital".
Sin embargo, todos los ojos están puestos ahora en la Comisión de Asuntos Jurídicos por el suplicatorio, cuyos trámites ya han encargado. Hace unas semanas se escogió al que será el encargado del informe, un conservador polaco.
La tarea del presidente, en esta materia, no es directa, pero sí es el encargado de dirigir debates, medir pulsiones y encauzar las discusiones. Juri debe hacer una valoración sobre cada caso, habrá un voto y luego se remite una recomendación al pleno, que puede refrendarla o no, a voluntad.
"Los expedientes de inmunidad de estas tres personas, como el resto de los que se tramitan cada legislatura, seguirán el procedimiento parlamentario con absoluto rigor y respeto a las normas de la Cámara, que prevén un debate estrictamente técnico-jurídico que no puede ni debe convertirse en un juicio ni en un campo de batalla político".
Este lunes mismo, el tribunal de Bruselas que lleva la euroorden de Puigdemont ha desoído las peticiones de la defensa que solicitaba que descartara la reclamación española, sustentándolo en la "inmunidad retroactiva" que a su juicio cubre a los tres políticos catalanes.
El juez, sin embargo, ha preferido dejar congelada la causa temporalmente hasta que el propio Parlamento Europeo se pronuncie sobre el suplicatorio. El proceso tiene una duración imprecisa, porque exige varios trámites, como una entrevista con los propios afectados y un informe por escrito, además de un voto en Comisión. Pero se espera que dure al menos una par de meses o tres más, como poco.
En teoría, la decisión y el debate deben ser técnicos, no políticos, y esa es la principal tarea de Vázquez. El Parlamento sólo debería rechazar el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo si considerara que se trata de un ataque a la labor de un diputado o sus opiniones, pero no por una decisión política en su países de origen, que ha violado la ley nacional, y que además se produjo mucho antes de acceder al escaño.
Sin embargo, la decisión es del pleno y ahí es una cuestión personal y de alianzas e intereses políticos.
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