El Tribunal de Cuentas libra de un primer embargo al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de miembros de su antiguo equipo al aceptar que les valga una fianza anterior para cubrir su responsabilidad por el referéndum ilegal del 1-O.
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas confirman que finalmente, el organismo ha decidido coordinarse "con la jurisdicción penal para evitar duplicidades" y les acepta que valgan los cerca de 7 millones depositados ya en su momento ante el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La delegada instructora, Esperanza García, había dado de plazo hasta este lunes a Puigdemont y su antiguo gobierno para depositar 4,14 millones bajo pena de embargo por malversar fondos públicos en el 1-O y se han salvado in extremis.
La llamada Caja de Solidaridad independentista no ha funcionado y apenas ha podido recaudar 1,6 millones, con lo que, si la delegada instructora del Tribunal de Cuentas mantenía sus dudas iniciales a aceptar que valiera la fianza en la instrucción penal, se avecinaba el embargo preventivo de bienes.
El panorama ha cambiado drásticamente. El Tribunal de Cuentas "ha oficiado al Tribunal Supremo y al Juzgado de Instrucción nº 13 para que remita testimonio de las piezas de responsabilidad civil subsidiaria tramitadas en el ámbito penal. El Supremo ha enviado la suya y la delegada instructora ha ordenado que la cantidad de 2.135.948, 60 euros quede a disposición del Tribunal de Cuentas o bien sea transferida a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe", aseguran fuentes oficiales del órgano fiscalizador del Estado.
Ahora se encuentra a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ponga también a disposición del Tribunal de Cuentas al menos parte de los 5 millones depositados allí por los independentistas. "En consecuencia, en cuanto quede asegura la cantidad a la que asciende la liquidación provisional, 4.146.274,97 euros no hay que embargar bienes", señalan en el Tribunal de Cuentas.
El horizonte es, sin embargo, muy sombrío para los bolsillos de los dirigentes independentistas, porque el Tribunal de Cuentas ya ha avisado que deberán depositar una cuantía adicional, aún por determinar, por el despliegue de embajadas en el exterior y que podría rondar los 20 millones. La fragilidad de la llamada Caja de Solidaridad independentista mostrada en el primer intento de embargo hace muy díficil que puede ser salvadora en el siguiente.
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