Pocos días después de que las juntas de tratamiento de las prisiones de Mas d'Enric, en la que cumple condena por sedición la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, y la de Puig de les Basses, en la que está ingresada por el mismo delito la ex consellera Dolors Bassa han salido este lunes para iniciar sus tareas de cuidar de familiares con una edad avanzada, en concreto sus madres. Además, Forcadell compaginará esta acción con labores de voluntariado.
El pasado 12 de febrero, la junta de tratamiento de Mas d'Enric acordó permitir a Forcadell salir de la cárcel varios días a la semana para realizar estas actividades mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. En concreto, el plan de salidas previsto por la junta de tratamiento permite a Forcadell abandonar la prisión un total de tres días entre semana, a razón de nueve horas diarias, incluido el desplazamiento de ida y vuelta al centro penitenciario.
La ex presidenta del Parlament y de la ANC, condenada a 11 años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo, ha logrado beneficiarse del 100.2 tras entregar la documentación pertinente al centro penitenciario que acredita que en las salidas que le concedan llevará a cabo labores de voluntariado y se hará cargo de su madre anciana.
Por su parte, Dolors Bassapodrán salir, que cumple una condena de 12 años de cárcel por sedición, salió al mediodía ya que la junta de tratamiento la deja salir cada día durante ocho horas para cuidar de su madre. La ex consellera abandonó el centro acompañada por varios familiares, entre ellos su hermana, la diputada de ERC en el Congreso Montse Bassa, que la han ido a buscar en un vehículo.
En las últimas semanas la junta de tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona) también ha acordado flexibilizar el régimen de los Jordis: el ex presidente de la ANC podrá salir tres días a la semana y cinco el líder de Òmnium Cultural, para ir a trabajar y participar en actividades de voluntariado.
Este artículo lo proponen las juntas de tratamiento de las prisiones -integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros- y los eventuales recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona, a diferencia de la clasificación penitenciaria, en que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador.
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