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La fabricación de pruebas sobre la presunta financiación ilegal de Podemos no es objeto de investigación en el caso Villarejo. Al menos, de momento. El juez que investiga la presunta trama delictiva liderada por el comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo decidió rechazar la petición del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y no citar como testigos a los ex altos cargos chavistas que mantuvieron reuniones con agentes de la Policía imputados en esta causa, que requirieron a estos venezolanos información sobre la financiación de esta formación política.
Así lo confirmaron a este diario fuentes jurídicas, que señalaron que el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, desvinculó la posible fabricación de pruebas contra la formación morada por parte de la Policía de los hechos investigados en la pieza que implica a Iglesias, como publicó este diario el pasado 8 de abril.
Se trata de la pieza Dina, bajo secreto de sumario y pieza 10 del caso Tándem -más conocido como caso Villarejo-, centrada en el robo de un teléfono móvil en 2015 a una asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, y cuyo contenido fue localizado en un pen drive incautado en uno de los domicilios registrados con motivo de la detención de Villarejo, el 3 de noviembre de 2017.
García-Castellón se negó a las testificaciones del ex viceministro venezolano Nervis Villalobos y de la que fuera tesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, además de rechazar las imputaciones en esta pieza de tres policías que están siendo investigados por delitos de prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos en otra de las investigaciones de esta causa, la pieza Kitchen.
En concreto, el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía entre 2008 y 2016, Eugenio Pino, junto a su número dos, Bonifacio Díaz, y el inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago. La abogada de Iglesias denunció una "presumible colaboración activa para difamar" al político entre este grupo de ex altos mandos de la Policía y el comisario investigado Villarejo.
Pablo Iglesias se personó como perjudicado directo en esta pieza el pasado 27 de marzo. Un día después el juez tomó declaración a Villarejo, en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017, que señaló al ex director de la revista Interviú, Alberto Pozas, como la persona que le facilitó el pen drive con información personal del líder de Podemos. Pozas y el que fuera su subdirector en esa publicación, Luis Rendueles, están imputados en esta pieza por un delito de revelación de secretos. Pozas aseguró al juez que Villarejo le requirió como policía la información.
Por otra parte, el juez instructor volverá a tomar declaración al considerado uno de los comisarios que colaboró con Villarejo en esta presunta organización criminal. Se trata de Carlos Salamanca, uno de los tres ex agentes policiales -los otros dos son Villarejo y Enrique García Castaño- que participó de esta "conexión delictiva", como la bautizó el magistrado García-Castellón.
Así lo confirmaron fuentes jurídicas, que advirtieron de que los investigadores disponen de nueva información relativa a las cuentas bancarias de este policía. El juez antecesor a García-Castellón en el caso Villarejo, el magistrado Diego de Egea, archivó la causa contra Salamanca en julio de 2018, pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrirla cinco meses después, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
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