No acompañaba el tiempo ni la hora. Pero nadie recuerda una manifestación tan multitudinaria en Orihuela como que la se ha congregado esta tarde. Ni siquiera las históricas reivindicaciones por el Segura o cuando la gente se echó a la calle tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 20.000 personas, según la organización, y 17.000 personas llegadas de los 27 municipios de la comarca clamaron en contra de la imposición, a partir del año que viene, del valenciano en el 25% de las asignaturas troncales de Secundaria, Bachillerato y FP. Porque se trata de una comarca reconocida por ley eminentemente castellanohablante y, por tanto, exenta desde hace casi 40 años de estudiar la lengua cooficial, en la que los alumnos tendrán la obligación de aprender matemáticas o química en valenciano aun cuando nunca lo hayan estudiado o no lo entiendan.
Entre las pancartas se podía leer de todo. Desde un "soy valenciano y hablo en castellano" hasta un "Marzà, sit and talk", pasando por "las lenguas son de sus hablantes no de los políticos" o "libertad para estudiar en nuestra lengua materna". Incluso con el sentido del humor propio de la Vega destacaba un "busco novio en Benicarló" o soflamas al grito de "Illa, illa, illa, yo me empadrono en Abanilla", aludiendo al vecino municipio de Murcia.
Los organizadores tuvieron que leer dos veces el manifiesto porque una hora después de la salida todavía seguía llegando gente a la plaza del Ayuntamiento con ganas de reivindicar el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular de sus hijos pese a que el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler (PSOE) lleva los últimos días haciendo una 'tourné' por la zona para explicar que no se cambiará ley, independientemente de la gente que secundase la protesta. En este manifiesto se aludía incluso a la Constitución Española la Carta de Derechos Humanos de la ONU: "Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
La protesta no se va a quedar aquí. El éxito de la convocatoria empujó a los organizadores a anunciar nuevas protestas en las tres capitales de provincia de la Comunidad para que se paralice la aplicación de la Ley de Plurilingüismo del Botánico hasta consensuar "entre todos" una nueva ley. Una ley que permita el efectivo conocimiento de castellano, valenciano e inglés, con un profesorado con la suficiente formación y que dé igualdad de oportunidades.
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) exigió antes del inicio de la marcha al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que obligue a Soler a retractarse en sus provocaciones a los ciudadanos de la Vega Baja porque "los políticos estamos para dar soluciones, no para generar problemas".
Era la primera declaración política de un extensa representación de dirigentes populares locales, provinciales, como el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; autonómicos, como la presidenta regional Isabel Bonig; o incuso nacionales como la vicesecretaria nacional de Política Social, Cuca Gamarra.
Precisamente Bonig manifestó que queda a la espera de que le llame el lunes Puig "para pactar una nueva ley" tras la "masiva respuesta" que se ha dado en Orihuela. "Vuelvo a tender la mano para que entre PP y PSPV pactemos una ley donde se respete esa libertad de elección. Estamos dispuestos a ayudarle para establecer un plan de fomento del valenciano voluntario en las zonas castellano hablante porque no renunciamos a hablar valenciano y tampoco renunciamos a hablar castellano", agregó.
También el portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, aseguró en la marcha haber acudido a Orihuela a "defender la libertad de elección de los padres y el cumplimiento de la ley que dice que en la Vega, como en otros lugares de exención lingüística, los que deciden no estudiar la asignatura de valenciano también deberían tener de derecho a poder estudiar ciencias o matemáticas en castellano y no en valenciano como les obliga el señor Marzà".
De hecho anunció que denunciarán este incumplimiento en la Unión Europea porque el artículo 6 de la Carta de Derechos de los Europeos garantiza «esa libertad a comunicarnos entre nosotros y a educar a nuestros hijos en la lengua que queramos».
También la diputada nacional Marta Martín (Cs), aseguró que la ministra Celaá "que tan preocupada está por las libertades, espero que denuncie todos los atropellos que se están haciendo con el adoctrinamiento en la Comunidad Valenciana y del que tiene sobrada documentación guarda en los cajones del Ministerio. Le pido que lleve a los tribunales la vulneración de los derechos fundamentales de los niños valencianos".
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