CATALUÑA
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Impugnación judicial

La política que pone en jaque el aplazamiento electoral catalán: "Es una situación bolivariana"

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Astrid Barrio, líder de la Lliga Democràtica, relata a EL MUNDO los motivos de su batalla judicial contra la suspensión de los comicios

La presidenta de la Lliga Democràtica, Astrid Barrio.
La presidenta de la Lliga Democràtica, Astrid Barrio. SANTI COGOLLUDO

Una bisoña formación extraparlamentaria nacida hace año y medio para intentar aglutinar al muy atomizado catalanismo moderado está tras la impugnación que pone en jaque el aplazamiento del 14-F. Preside la politóloga Astrid Barrio (Barcelona, 1974) la Lliga Democràtica y alega en conversación con EL MUNDO que «Cataluña se encuentra en una situación casi bolivariana» después de que el Govern decretara el viernes la suspensión de las elecciones y vinculara la convocatoria del 30 de mayo a su propio análisis de la evolución de la pandemia.

Contra una «absoluta perversión» defiende actuar Barrio. Contra «un abuso flagrante» y «la posibilidad de que un Gobierno en funciones, malavenido y peleado alargue su permanencia en el poder y se habilite para convocar las elecciones cuando quiera en función de unos criterios que desconocemos». «Y mucho más teniendo en cuenta que no hay un presidente, que es quien tiene la atribución para disolver el parlamento», insiste.

«Lo hacemos nosotros porque no somos una parte interesada en las elecciones, pero sí en defender el Estado de derecho», ofrece la líder de la Lliga, que renunció a participar en la carrera electoral catalana tras fracasar sus dos vías prioritarias para hacerlo. No cuajaron las conversaciones para «articular una fuerza de centro catalanista», ni cristalizaron las muy avanzadas negociaciones mantenidas con el PSC, porque, después del desembarco de Salvador Illa, los socialistas catalanes sólo planteaban la incorporación de miembros de la Lliga a su lista, no la creación de una «plataforma» que permitiera visibilizar el proyecto de esta formación con amplias coincidencias con el ideario más catalanista del PSC. Las tiene porque piden los de Barrio «el reconocimiento de las peculiaridades catalanas», reclaman «que se reconozca esa diferencia», abogan abiertamente por un «federalismo plurinacional» y porque ya hace cuatro meses solicitaron formalmente el indulto para los impulsores del 1-O al entender que «es mucho más útil para el conjunto de los catalanes que estén fuera de la cárcel». Su permanencia en prisión «contribuye a movilizar de manera muy potente al electorado» independentista, esgrime la líder del partido que dirige junto a Josep Ramon Bosch, ex presidente de Sociedad Civil Catalana.

«Estamos impugnando el decreto aunque, en caso de caso de prosperar el recurso, nos puede impedir presentarnos a las elecciones de mayo. Pero lo asumimos porque nuestra principal obligación es garantizar la democracia en este momento desde fuera de las instituciones», prosigue Barrio, al tiempo que niega recurrir en nombre del PSC: «Esa teoría, habida cuenta de lo que supondría para nosotros, no tiene recorrido».

Ciertamente, todas las opciones de ingresar en el Parlament en la próxima legislatura parecen descartadas para la Lliga. Las listas para el 14-F ya están cerradas y el PSC ha amenazado con recurrir la modificación de las candidaturas si los comicios acaban celebrándose el 30 de mayo, con lo que no podría integrar a candidatos de la Lliga en supuesto pago por su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Asume Barrio su rol de avanzadilla contra la suspensión de las elecciones catalanas e insta al PSC a «recurrir ante la Junta Electoral Central» al considerar «que es una vía más efectiva» sólo explorable para partidos que iban a acudir a las elecciones. «Pero tiene una posición complicada, una disyuntiva importante, porque eso sería una declaración de guerra en un momento en el que el PSC va a necesitar muchos consensos si quiere seguir adelante con sus planes de gobernar la Generalitat», puntualiza.

También espolea Barrio a Ciudadanos y PP a seguir sus pasos. «Es absolutamente inaceptable que esto ocurra sin la impugnación de los partidos de la oposición y que ellos, que se han erigido en garantes del Estado de derecho, acepten un decreto que suspende la democracia en Cataluña desde la total arbitrariedad».

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