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La presunta corrupción de IU en Manilva, a juicio el 29 de octubre: cuatro alcaldes en el banquillo

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Esta es la fecha en la que se dirimirá una de las tres piezas en las que se dividió la causa original y que investigaba centenares de casos de enchufismo de afiliados y simpatizantes del partido, la adjudicación de contratos a la empresa del marido de la ex alcaldesa Antonia Muñoz y transferencias "ilegales" a una entidad urbanística

La ex alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz.
La ex alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz. CABANILLAS

La presunta maraña de corrupción que se formó en torno al Ayuntamiento de Manilva (Málaga) durante años de gestión de Izquierda Unida comenzará a juzgarse el próximo 29 de octubre. Así lo confirma un auto emitido el 29 de julio por el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga -al que ha tenido acceso EL MUNDO- que determina que cuatro alcaldes del municipio, incluido el actual, se sienten en el banquillo por su supuesta implicación en la adjudicación de contratos a las empresas de familiares de la principal acusada, la ex regidora Antonia Muñoz, recientemente detenida en una operación contra el blanqueo de capitales.

Casi 12 años después de que se admitiese a trámite la primera denuncia contra la gestión de Muñoz y su equipo, la instrucción de una de las tres piezas en las que finalmente se dividió la causa matriz desemboca en la apertura de juicio oral.

A las 10.00 horas del 29 de octubre están citados, además de Muñoz y su marido, Valentín Carayol Sánchez, el actual alcalde, Mario Jiménez Rodríguez y su edil de Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos y Asuntos Sociales e Igualdad, Francisca López; los ex regidores Diego Urieta Jiménez y Emilio López Berenguer; y los ex concejales de Limpieza, Pesca y Parque Móvil y de Recursos Humanos, Agricultura, Comercio, Consumo y Desarrollo, Antonio de Haro Fernández y Diego Díaz Jiménez, respectivamente.

La mayoría de los encausados -salvo Berenguer, de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM)- formaban parte de IU y crearon Compromiso Manilva cuando la coalición de izquierdas, cinco años después de que estallase el escándalo político, forzase su pase al Grupo de No Adscritos a mediados de 2013. Esta formación gobierna actualmente el municipio con el apoyo del PSOE.

La autoridad judicial declara "pertinentes" las testificales solicitadas por la Fiscalía y los abogados defensores y solicita al letrado de Valentín Carayol que facilite el contacto de una testigo propuesta -A.C.E.- que no ha podido ser localizada.

"Contra este resolución no procede recurso alguno", advierte la magistrada, quien aclara que, "a la parte a la que se le haya denegado algún medio de prueba, puede reproducir su petición al comienzo del juicio oral". Si las defensas y la acusación particular quieren solicitar la suspensión de la vista, deberán comunicarlo al citado juzgado dentro del espacio establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según ha podido saber este periódico, este proceso pivotará sobre las adjudicaciones que el Consistorio otorgó a las empresas del marido de Antonia Muñoz menospreciando supuestamente las reglas básicas de la Ley de Contratos Públicos.

Las investigaciones del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil concluyeron que Carpintería Valentín S.L. y Muebles y Decoración Valentín fueron agraciadas con un total de 43 adjudicaciones por un valor de más de 200.000 euros. El proyecto del centro de interpretación Viñas de Manilva llamó especialmente la atención de los agentes por el elevado sobrecoste final de los trabajos; a lo que hay que unir el sorprendente dato de que la entonces regidora era administradora de una de las firmas beneficiadas.

Familiares beneficiados

Aunque no fue el único familiar de la entonces regidora al que se le otorgaron numerosos contratos. Uno de sus primos recibió en torno a medio centenar por un importe de casi medio millón de euros. Todo ello en tan solo tres años, aunque la causa se archivó en su caso. Esta misma decisión se adoptó con otros imputados durante la instrucción, que finalmente han sido citados como testigos.

Muchas de estas facturas contaban con reparos de la interventora, ya que al superar los 3.000 euros requerían la presentación de tres presupuestos, cosa que el Consistorio no realizó. "No está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección por no contar con expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura", señalaba la jueza instructora en uno de sus autos después de que los responsables del caso revisasen las actas de las comisiones y las juntas de gobierno local y concluyesen que los miembros del entonces equipo municipal y los ediles de la oposición no se opusieron al pago de estos trabajos, a pesar de que era público y notorio la relación familiar de la alcaldesa con los propietarios de las empresas.

35 años de cárcel

La apertura de juicio oral de esta pieza ha estado precedida por el auto de procesamiento emitido el pasado mes de enero en el que se acusaba a Antonia Muñoz, el actual regidor, Francisca López, Berenguer, Diego Díaz, Antonio de Haro y Aitor Menoyo - asesor jurídico del Ayuntamiento- de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Esta parte del llamado caso Manilva -cuya instrucción se sustancia con más de 11.000 folios- se centra en las inyecciones económicas que el Consistorio realizó a la entidad urbanística El Hacho. Transferencias que se realizaron a pesar de contar con informes contrarios de la Intervención y la Tesorería y que, según el Ministerio Público, apoyaron los acusados en junta de gobierno "a sabiendas" de que eran ilegales.

La autoridad judicial, que solicita en esta pieza un total de 35 años de cárcel, acordó la apertura de juicio oral y el "sobreseimiento provisional parcial" para Diego Urieta y el esposo y la hija de Muñoz: Valentín y Estela Carayol.

Red de enchufes

La tercera pata de esta larga causa, y la más jugosa políticamente, se resume con un número: 470. Estos son los supuestos casos de enchufismo documentados por los agentes del Instituto Armado y que protagonizaban -en su práctica totalidad- afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida.

Las pesquisas constataron hasta 15 contrataciones presuntamente irregulares de familiares de la entonces regidora, aunque esta cifra se iba hasta las 80 cuando se incluía a todos los miembros del equipo de gobierno municipal. Hermanos, primos, sobrinas, nueras, cuñados o suegra fueron algunos de los vínculos destapados por la investigación.

Y como en este municipio de la Costa del Sol occidental parece ocurrir todo, recientemente trascendía la detención de Antonia Muñoz en una operación de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales a través de activos inmobiliarios.

La ex regidora está siendo investigada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tras una investigación policial que se saldó con más de una decena de detenidos.

Las pesquisas apuntaban a que Muñoz habría desarrollado un papel secundario -"pero necesario"- en un entramado de lavado de dinero que supuestamente lideraba un ciudadano italiano.

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