- Comparecencia. Susana Díaz se limita a pedir "perdón" por los ERE tras 48 horas de silencio y apoya a Griñán y Chaves
- PSOE. Ferraz acecha otra vez para tumbar a Susana Díaz tras la sentencia de los ERE
- La condena. Sentencia de los ERE: seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves
- Las cifras. La mayor trama de corrupción de la Democracia: 679.412.179,09 euros de dinero defraudado
- Cronología. La mayor causa de corrupción abierta en España
¿Se pueden recuperar los casi 680 millones de euros de fondos públicos que, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, se defraudaron con los ERE y que repartieron a discreción e ilegalmente los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán? La respuesta no es sencilla y las posibilidades de que la Junta de Andalucía lo consiga no son demasiadas. Pero el nuevo gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos se ha comprometido públicamente, al menos, a intentarlo y el primer paso es buscar la fórmula que permita reclamar los fondos dilapidados durante una década de «fondo de reptiles».
En ello andan los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, a los que el ejecutivo que preside Juanma Moreno Bonilla ha encargado la tarea de encontrar el camino legal que lo haga posible.
Lo que buscan ya los letrados de la Administración autonómica es una suerte de puerta trasera, puesto que la principal la cerró de un portazo la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando dio la orden de no acusar a los 22 ex altos cargos que se sentaron en el banquillo al no apreciar ilegalidad en el «procedimiento específico», el mecanismo tramposo por el que se nutrieron los expedientes de ayudas para eludir los controles.
Fue en 2016 cuando el gobierno de Díaz se quitó el traje de acusación y pidió el archivo de la denominada pieza política de los ERE, la causa por la que han sido condenados Chaves, Griñán y otros 17 ex altos cargos socialistas.
El argumento con el que la Junta se retiró como parte acusadora es que no hubo delito alguno, que los ex presidentes andaluces no pudieron tener conocimiento de nada y que, si acaso, habría responsabilidades en los escalafones inferiores -los famosos «cuatro golfos» de los que habló el propio Chaves- que, en cualquier caso, no habría que dirimir en esta pieza, sino en las que la juez María Núñez Bolaños dividió la macrocausa.
El movimiento del gobierno socialista tuvo como consecuencia que la Fiscalía no pudiese tampoco reclamar el dinero a los acusados durante el juicio, puesto que la Junta era, es, la gran perjudicada por el gigantesco fraude.
Griñán se libró de una fianza de 4,2 millones que le había impuesto la juez
La Ley de Enjuiciamiento Criminal lo advierte en su artículo 108: «La acción civil han de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables». Y eso es todo lo que pudieron hacer los fiscales Anticorrupción, José Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, en el juicio.
La estrategia de Díaz tuvo, además, una consecuencia previa en forma de alivio para Griñán, al que la juez instructora levantó la fianza civil de 4,2 millones que pesaba sobre el ex presidente.
Como única vía para poder recuperar algún día el dinero, la Junta andaluza se reservó expresamente la acción civil, que ejercería, dijo en aquellos momentos, finalizada la vía penal. Es decir, ahora.
Sin embargo, en el gobierno de coalición PP-Ciudadanos no tienen tan claro que este resquicio sea el que permita ir en busca del dinero. Lo tendrán que decir, señalaron fuentes del Gobierno andaluz a EL MUNDO, los servicios jurídicos en un informe que se espere que esté listo en 10 días.
Tampoco se sabe qué montante del total de los 680 millones es reclamable. Como mínimo, los 140 millones de euros que fueron a parar a empresas fantasma, a sobrecomisiones de las aseguradoras que mediaron en los ERE y a los intrusos que se colaron los expedientes de compañías en las que nunca habían trabajado.
Las fuentes consultadas insistieron en que «eso seguro», que entraría en la reclamación, aunque «jurídicamente es muy complejo».
«Tenemos la obligación y la determinación como Gobierno de devolver a los contribuyentes públicos lo que es suyo», defendió ayer el presidente andaluz en una entrevista a la Cadena Ser. Moreno Bonilla no cuantificó el botín que se pueda llegar a recuperar, pero sí hizo hincapié en que será «el máximo dinero posible».
Conforme a los criterios de