La Guardia Civil concluye que Turull malversó 1,4 millones en el referéndum

La Guardia Civil ha respondido, aunque de forma provisional, a una de las preguntas que aún planean sobre el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre: ¿Usó el Gobierno catalán dinero público para organizarlo? ¿Y cuánto? Los investigadores creen que sí, y han entregado al juez Pablo Llarena un informe que pone cifra a ese dispendio: 1,6 millones de euros entre envíos de correspondencia (casi un millón), una campaña para catalanes en el extranjero, la publicidad institucional y la actividad del Diplocat, el órgano de exteriores de la Generalitat suprimido tras la aplicación del artículo 155. El informe atribuye al exconsejero de Presidencia y candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, responsabilidad en el gasto de tres de esas cuatro partidas, lo que suma 1,4 millones.

La malversación de fondos públicos a cuenta del procés es uno de los delitos que afrontan los exmiembros del Gobierno catalán en el proceso judicial. Los agentes subrayan que la malversación está siendo investigada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que hace solo una semana ordenó registros en el Palau de la Generalitat y en la sede de Òmnium Cultural en busca de indicios del gasto público. Lo que significa, entre otras cosas, que la investigación sobre la malversación no está, ni de lejos, cerrada.

El pasado 28 de febrero, la Guardia Civil entregó un voluminoso informe-resumen al juez Llarena. Ocho de sus páginas están dedicadas a analizar los “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia”. Los indicios pueden dividirse en cuatro grandes apartados:

Campaña para el exterior. 224.835 euros. La Generalitat, concluye el informe, impulsó una campaña de registro de catalanes que viven en el extranjero. Su objetivo no era otro que “la creación de un censo electoral de residentes fuera de España”. El diseño de la campaña, que incluía las palabras “sí” y “no” era “fomentar la inscripción” en ese censo. Como máximos responsables, los agentes señalan a Turull -entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán- y a su secretario general, Joaquim Nin.

Campaña de publicidad. 277.804 euros. El Gobierno catalán organizó una campaña institucional para fomentar la participación en la votación ilegal del 1 de octubre. Lo hizo, según la Guardia Civil, mediante un contrato-programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona la televisión y la radio autonómicas. TV-3 y Catalunya Ràdio emitieron, en septiembre, dos anuncios en el que aparecía la frase “Naciste con la capacidad de decidir” sobre unas vías de tren que se bifurcan. En el segundo de esos anuncios se mencionaba de forma explícita el referéndum. De nuevo, la Guardia Civil señala como responsable al Departamento de Presidencia dirigido por Turull. Y cita un correo de Turull al exvicepresidente Oriol Junqueras en el que le pide una aportación extra de 3,4 millones para una “campaña de contenido cívico”. Junqueras lo autorizó, pero finalmente no se adjudicó el concurso porque las empresas licitadoras (Focus y Carat) “se dieron cuenta de que no se trataba de una campaña de civismo sino de una campaña política” para “promover la realización del referéndum”, concluye el informe.

Papeletas del censo. 979.661 euros. Como ya hizo con el referéndum del 9 de noviembre de 2014, la Generalitat encargó a la empresa de mensajería Unipost -que se encuentra a punto de entrar en liquidación- el envío de cartas para la consulta del 1-O. Los agentes ven probado que Unipost emitió cinco facturas a departamentos de la Generalitat para cobrar por el suministro de papeletas para el censo electoral y de citaciones a los componentes de las mesas electorales. Los agentes señalan a cinco exconsejeros y sus secretarios generales: Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Antoni Comín, Lluís Puig y, una vez más, Turull.

Diplocat. 119.700 euros. La Guardia Civil considera como parte de los gastos del referéndum la “presunta actuación” del Diplocat en la “contratación de observadores internacionales” para la jornada. El Diplocat, fulminado por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, promovía entre otras cosas el procés en el ámbito internacional. Los agentes constatan que pagos a The Hague Center for Strategic Studies están relacionados con “el traslado en avión, alojamiento y prestación de servicios” de los observadores. En este caso, el informe señala al exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, como máximo responsable del Diplocat.