España

¿Podría el Estado recuperar la competencia de Educación?

EDUCACIÓN

Los alumnos de un colegio de Madrid atienden a su profesora en el primer día de clase del curso 2018-2019. Fernando AlvaradoEFE

El PP plantea que el Estado recupere competencias como medida para evitar el adoctrinamiento en las aulas catalanas y frenar la «dispersión» de los 17 sistemas educativos.

¿Se pueden recuperar competencias?
No queda muy claro y eso es lo que están estudiando los servicios jurídicos del PP. Felipe de Vicente, presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba), considera que «es imposible» porque están transferidas a las comunidades autónomas y no se puede dar marcha atrás en una de las señas del Estado de las Autonomías. Otras fuentes educativas dicen que depende de hasta dónde se llegue. Sandra Moneo, secretaria de Educación e Innovación del PP, asegura que «técnicamente se pueden fortalecer las competencias que tiene el Estado contempladas en el artículo 149 de la Constitución», que son la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia». El artículo 27 es el que reconoce «el derecho a la educación» y «la libertad de enseñanza».
¿Un 155 en las aulas?
No se trata de recentralizarlo todo, sino plantear una reforma en aspectos puntuales: una prueba común en todas las regiones al acabar Bachillerato, un MIR docente nacional, más asignaturas troncales y, sobre todo, más contenidos comunes dentro de esas troncales. En el Partido Popular reconocen en privado que la Lomce, concebida inicialmente para dar más uniformidad al sistema, ha terminado por descentralizar más el currículo. Con la percha del 149, el Estado podría no expedir títulos oficiales en las autonomías que no cumplan la norma.
¿Cómo se controlan ahora los libros?
La publicación de los manuales no requiere la previa autorización de la Administración porque el principio de supervisión previa se cayó en los tiempos de la LOCE de Pilar del Castillo, al considerarse una especie de censura. La LOE determina que la supervisión se hace a posteriori por la Inspección. Los materiales «deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa». Aquí está el problema, porque hay tantos currículos como comunidades autónomas, con variaciones regionales «del orden del 30%», según los editores. La experta sueca Inger Enkvist, autora de La buena y la mala educación, dice que este sistema es «negativo y caro» porque produce «disparidad» de materiales y contenidos y da pie a que «las ideologías locales influyan en el programa educativo». Los inspectores autonómicos están a las órdenes de los gobiernos de turno y la Alta Inspección no tiene medios ni capacidad sancionadora.