El techo de gasto, los objetivos de déficit y deuda, el proyecto de Presupuestos para 2019 y las medidas tributarias son el inminente campo de batalla que PP y Cs se disponen a atacar. Los populares afilan cuchillos, decididos a acosar al Gobierno por las subidas de impuestos que ya vislumbran en el horizonte.
El PP pretende, en definitiva, destapar el giro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere imprimir a la política fiscal para, advierte, «costear su programa electoral» y satisfacer las demandas de sus socios.
«¿Va a exigir el Gobierno que los camareros tributen en el IRPF por las propinas? ¿Cómo pretende controlar la tributación de las propinas en efectivo? ¿Cuánto piensa recaudar por esta vía? ¿Va a incluir en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2019 inspecciones in situ a bares y restaurantes?»
Con esta primera tanda de preguntas dirigida al Gobierno para que responda por escrito, los populares ahondan en la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos según la cual, de acuerdo con la Ley del IRPF de 2006, las cantidades percibidas en concepto de propinas son rendimientos del trabajo y están sujetas a tal impuesto y a su sistema de retenciones a cuenta. Con la reforma del IRPF aprobada por PP y Cs a principios de año, las rentas inferiores a 14.000 euros -media salarial de los camareros- estarían exentas del pago del tributo, pero si se suman los ingresos por propinas en un buen número de casos se superaría el listón y deberían cotizar. Las retenciones, avisan desde el PP, podrían ascender hasta los 760 euros anuales.
El segundo foco de atención es el impuesto al ahorro. Aquí el primer partido de la oposición quiere saber cuántos ahorradores hay en España, cuál es su edad media, cuál la cuantía, también media, de su ahorro y por supuesto si entra en los planes del Gobierno subir los tipos impositivos que lo gravan y la cantidad que piensa conseguir elevándolos.
El impuesto a la banca también forma parte del paquete de propuestas que está en la diana. «¿Cómo va a definir el Gobierno el nuevo impuesto a la banca? ¿Cómo garantizará que el coste no se transfiere a usuarios y clientes?», son algunas de las preguntas que el grupo parlamentario va a registrar.
Tampoco se librará del escrutinio la campaña contra el diésel anticipada por la ministra de Transición Ecológica. A su departamento se dirigen cuestiones tales como cuántos taxistas, cuántos transportistas y cuántos autónomos utilizan en su trabajo vehículos propulsados por este combustible; cuántos hogares españoles tienen sistemas de calefacción a base de diésel y cómo afectará al mundo rural su subida de precio.
El PP sospecha, además, que los cambios legislativos que impliquen subidas en el IRPF están por llegar y en consecuencia pregunta también por ello al Gobierno, junto con los planes que tiene para evitar la doble imposición en caso de que establezca, como se viene perfilando, un impuesto de sociedades mínimo.
En definitiva, los populares quieren que el Ejecutivo aclare cuánto va a subir la presión fiscal; cuál es el impacto estimado en pérdidas de empleo de las subidas de impuestos que tiene previsto realizar el Gobierno; cómo afectará el aumento de los tributos en términos de PIB y cuál será la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores si se rompe el acuerdo de subida salarial alcanzado entre patronal y sindicatos como consecuencia de la subida impositiva.