En la lucha entre el elefante y el ratón, el PP se afana por presentar un escenario neutral, donde prevalezca la igualdad de oportunidades. En la batalla por ser el nuevo líder del partido, el propósito es que María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría y hasta José Manuel García-Margallo tengan los mismos privilegios que los no tan conocidos y poderosos José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes. Por eso el partido financiará la campaña de todos los candidatos. Sin embargo, el Comité Organizador del Congreso tiene ya constancia de casos de favoritismos hacia algún candidato por parte de «alguna» organización territorial del PP. «Eso no deberían hacerlo y lo hemos advertido. Aquí no vale todo y velaremos por el proceso», fue el aviso que lanzó ayer Luis de Grandes, presidente del Comité Organizador del Congreso (COC) del PP.
Los hechos que no quiso detallar se refieren a la recogida de avales y de apoyos públicos por parte de los candidatos. Como informó este diario, la petición de firmas, a veces de «malas maneras», las presiones e incluso «intimidaciones» provocaron cierto malestar en algunos territorios. En esta lucha de poder, en el partido, además de proclamar a su nuevo líder, preocupa salvar el proceso de la manera más digna y limpia posible, «que no haya impugnaciones ni nadie se queje porque una organización territorial haya favorecido a un candidato». Se refiere al apoyo mostrado en público por algunos presidentes provinciales.
De Grandes reconoció tener constancia de que «se ha actuado en sedes del partido facilitando los sistemas de organización» a un candidato concreto para captar votos. Algo prohibido. «La regla es para todos. Es un aviso para navegantes: que nadie piense que vale todo». Las denuncias sobre este favoritismo han partido de los propios candidatos.
De Grandes negó que estas irregularidades se hubieran producido en Castilla-La Mancha, federación de Cospedal, pero no quiso ahondar al ser cuestionado sobre Castilla y León, la comunidad de la que procede Casado. En todo caso, y como ha contado este diario, esas maniobras para lograr canalizar el sentido del voto se habrían producido en Zaragoza y Madrid, además de en el Congreso y el Senado.
Otra de las cuestiones en las que pondrá especial énfasis la COC es en el tratamiento de datos de los afiliados. Y es que va a examinar dos denuncias de afiliados que se han dirigido a este órgano para quejarse por el envío de propaganda por parte de la candidatura de Casado antes de que arrancara hoy la campaña. En concreto, se trataría de un WhatsApp y un vídeo enviado a dos militantes, según informó Europa Press. Fuentes populares aseguraron a este diario que fueron miembros del equipo de Cospedal los que trasladaron estas denuncias, ante la posibilidad de que hubiera accedido a la información de los militantes, algo que no pueden hacer los candidatos.
Un portavoz del comité organizador explicó que no se había abierto ninguna investigación ni se había atendido ningún tipo de reclamación sobre Pablo Casado.
El reglamento fijado para el congreso que elegirá nuevo presidente del PP obliga a poner a disposición de los candidatos los medios telemáticos del partido para la remisión a los afiliados de las comunicaciones que puedan elaborar, «en condiciones de igualdad, y sin cesión a éstos de los censos de afiliados, prohibida por la Ley de Protección de Datos».