Las grabaciones que se realizan en establecimientos públicos son destruidas como máximo en un mes, salvo que sean necesarias para actuaciones policiales o judiciales. Según explican a este periódico fuentes del sector de la seguridad -tanto pública como privada- en casos de hurtos, como el que presuntamente se deduce del vídeo publicado por OK Diario, son los propios agentes de la seguridad privada los que solucionan el caso. Se llevan a la persona a la que detectan que ha sustraído objetos a su zona de seguridad, le requieren la identificación, le hacen vaciar el bolso. Todo queda registrado por las cámaras de vídeo que, como en este caso, están en las zonas habilitadas de la seguridad privada del recinto.
A partir de ese momento, si el retenido es un habitual y ha sido identificado ya en varias ocasiones en situaciones similares, la seguridad privada comunica con la Policía Nacional para dar cuenta de los hechos.
En el caso de lo sustraído supere la cantidad considerada mínima para ser delito, también se produce esta actuación policial.
En este caso, parece que no se dan ninguno de estos supuestos. Se trata de la primera vez y de dos botes de cremas cosméticas que suman algo más de 40 euros.
Por este motivo, según explican estas fuentes, los encargados de la seguridad gestionaron ellos la situación sin requerir la presencia, vía 091, de una patrulla de la Policía Nacional.
Porque, como recuerdan esas fuentes, si el detectado abona el producto, se identifica y no lo tienen ubicado como un habitual, se da por resuelta la situación cuando paga la factura.
En cuanto al vídeo, estas mismas fuentes explican que el material videográfico se guarda como máximo durante un mes. Es destruido y las empresas lo que hacen es «machacar» el material antiguo con el nuevo.
En este caso, apuntan estas fuentes, lo «extraño» es que este material, grabado en 2011, aún esté conservado.