España

Las víctimas denuncian otra vez que Adif oculta datos en el 'caso Alvia'

INVESTIGACIÓN

Concentración de las asociaciones de víctimas en la curva de Angrois, donde, en 2013, descarriló un Alvia como el de la imagen. ROSA GONZÁLEZ

No adjuntó anexos que, dicen los denunciantes, extenderían la culpa más allá del maquinista

HEMEROTECA: Las víctimas del Alvia

En noviembre de 2013 el juez responsable de la investigación del accidente del Alvia dictaba un duro auto con reproches sobre los «silencios» de Adif y Renfe, que rehuían la petición de documentación técnica. La causa cumplía entonces cuatro meses. Esta semana la instrucción llegará a los cuatro años y medio y acumula miles de folios más que cuando se produjo aquella crítica, pero las víctimas acaban de poner en evidencia que las reticencias a facilitar toda la información persisten y que están incompletos los últimos informes entregados al juzgado sobre la línea 082 Ourense-Santiago y la curva de A Grandeira, donde murieron 80 personas y 144 resultaron heridas el 24 de julio de 2013.

Las críticas por la falta de colaboración en la entrega de documentación han sido constantes por parte de los dos jueces instructores que ha tenido la causa, pero Adif empezó 2018 con una actitud más colaborativa presentando dos peritajes de parte de su directora técnica, Esther Mateo, y del perito Antonio Puyol en los que se asume que no se cumplió la normativa de seguridad aplicable al análisis de riesgos de toda la línea, pero se descarta que este proceder tuviese algún tipo de impacto en la seguridad, pues la eventual amenaza en la curva era «aceptable».

Tras esos informes, y en base a la declaración de los técnicos de Ineco que indicaron al juez que Adif les pidió analizar la línea, pero sólo entre Ourense y el kilómetro 84.144, dejando fuera la citada curva de Angrois, la Plataforma Víctimas del Alvia 01455, la mayoritaria entre los afectados, ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago en el que revela que la documentación entregada no está completa y faltan, al menos, tres de los anexos a los informes de adecuación a la normativa técnica del subsistema control, mando y señalización de las obras de los sistemas de protección de tren (ASFA y ERTMS Nl), que son los que justifican que las actuaciones realizadas en la línea del siniestro se adecúan a la normativa.

Faltan, en concreto, datos de la normativa aplicada, las actas de recepción de la obras y el esquema de los trabajos, así como documentación acreditativa del cumplimiento y ejecución del plan de pruebas previo a la puesta en servicio de la línea. Uno de ellos es un documento interno de Adif que revela que conocía que debía haber aplicado varias normas de seguridad del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) que obligan a hacer un análisis de riesgos y completarlo con un Informe de Evaluación Independiente (IISA), en el caso de esos sistemas de protección al tren. Era necesario un análisis de ese subsistema en su totalidad, e integrarlo con los otros subsistemas, como era la infraestructura y en concreto la curva de Angrois, pero de la documentación entregada se desprende que en esta línea ferroviaria no se cumplió.

La importancia de esos anexos radica en que el juez Andrés Lago ha centrado la instrucción, entre otras cuestiones, en determinar si se cometió una imprudencia al no realizar un análisis integral de riesgos de la línea antes de su puesta en funcionamiento. De constatarse que fue así, las culpas del siniestro se repartirían entre el maquinista de Alvia, Francisco José Garzón -reconoció que entró en la curva con exceso de velocidad-, y los responsables de la seguridad ferroviaria. Además de Garzón, ahora están investigados los responsables de seguridad de Adif y Renfe en el momento del accidente, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, y tres técnicos de Ineco.

El perito judicial independiente, César Mariñas, concluyó que «era normativamente necesaria la realización de este análisis» y los técnicos de la empresa Ineco que declararon recientemente sostuvieron que Adif no le pidió realizar ni ese análisis de toda la línea ni el Informe de Evaluación Independiente del subsistema de Control, Mando y Señalización en el lugar del accidente, necesario para la puesta en servicio de la línea.

No es la primera vez que las víctimas desvelan documentos internos de Adif que evidencian falta de colaboración con la Justicia e indican que estaban incumpliendo la normativa. El pasado noviembre se dieron a conocer actas internas de reuniones de Adif donde se ponían de manifiesto discrepancias entre las áreas de seguridad y obras sobre la documentación de seguridad necesaria para autorizar el tramo de A Grandeira. Tras las filtraciones, EL MUNDO ha podido saber por fuentes conocedoras de la situación que Adif cambió de protocolo en sus reuniones internas y ya no se levantan actas e incluso se intentan reducir y minimizar esas evaluaciones de riesgo.

Además de solicitar que Adif entregue toda la documentación, el nuevo escrito de las víctimas pide al juez que amplíe la lista de investigados y cite a Manuel Besteiro, director de Seguridad en la Circulación de Adif en julio de 2013, y los responsables de seguridad e inspección del área noroeste, Fernando Rebón y José Antonio García; y que llame a 40 nuevos testigos, entre ellos, personal de la UTE que participó en los diferentes informes del dossier de seguridad de la línea.