Rajoy y Rivera ya no insisten en reducir el IRPF y el PSOE propone hacer el ajuste "por el lado de los ingresos" y no de los gastos

«El ajuste, señores ministros en funciones, tiene que venir por el lado de los ingresos», zanjó ayer el atribulado portavoz socialista, Antonio Hernando. Traducción: si hay alguna oportunidad de que el PSOE apoye los Presupuestos para 2017 deberán incluir aumento de impuestos.

El ahora dialogante Mariano Rajoy respondió que «hay que esperar al cierre del ejercicio 2016 y ver si es necesario tomar medidas correctivas». Traducción: primero va a intentar no tener que hacer ajustes adicionales, confiando en que baste el aumento de recaudación y la caída del pago de intereses derivada de la mejora de la confianza por el desbloqueo político, pero no descartó medidas adicionales. Lo que sí dijo es: «Debemos hacer una política de impuestos contenidos. No podemos en esta legislatura subir ni el IRPF ni el IVA». Coincidió casi con la misma frase el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Traducción: ni uno ni otro insistió en su programa electoral y en su acuerdo de agosto de bajar el IRPF en esta legislatura.

En resumen, la situación es que no se podrá cumplir en el futuro previsible el compromiso de campaña de Rajoy y Rivera de reducir impuestos y, al contrario, hay todavía riesgo de que se eleven. Sobre todo el IVA, en el que la Comisión Europea y el FMI insisten en que está más bajo que en otros países europeos.

¿Y por el lado del gasto? Una mayoría parlamentaria encabezada por el PSOE y secundada por Rivera se opone a continuar con los llamados recortes. El pacto PP-Ciudadanos ve factible arañar 2.000 millones anuales de ahorro -a partir de 2018- eliminando «duplicidades administrativas» y «organismos innecesarios». En la Comisión Europea ya no dan credibilidad a este tipo de promesas visto lo visto con la cacareada reforma de la Administración lanzada por Rajoy en 2012 y que, según el Círculo de Empresarios, se ha quedado a mitad de camino.

España se ha convertido, junto a Portugal, en el primer país del euro que corre el riesgo de ser multado cada año mientras no salga del llamado procedimiento de déficit excesivo, es decir, que baje desde el actual 5% con respecto al PIB al 2,9%. En la carta que remitieron los comisarios Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici el pasado lunes, en vísperas de la sesión de investidura, la Comisión Europea mostraba que cree que España necesitará un ajuste adicional del 0,5% del PIB en 2017, unos 5.500 millones.

La carta es un emplazamiento a que en las primeras semanas de Gobierno, Rajoy responda a Bruselas con un llamado Draft Budgetary Plan, un borrador de programa presupuestario para 2017 que, esta vez sí, cumpla con los compromisos europeos, no como el enviado el pasado 15 de octubre. Respetar lo acordado con Bruselas no sólo es positivo de cara a reforzar el peso de España en el club comunitario y a generar confianza en los mercados -lo que abarata la financiación de la economía-, sino que evita el bochorno de tener que pedir árnica todos los años para evitar multas.

Rajoy, con el apoyo decisivo de Angela Merkel -que no quiso castigo a su socio preferido del sur de Europa en campaña electoral-, pudo frenar la multa el pasado junio, pero afronta ahora la suspensión de los fondos estructurales por valor de 1.135 millones y la espada continua de Damocles de una multa adicional de 5.000 millones. El 8 de diciembre es el plazo límite para evitarlo. Además de ese riesgo, cuanto más se hunda España en el expediente sancionador, más posible es que sus socios, aunque perdonen multas, refuercen al menos la vigilancia con la vuelta de los llamados hombres de negro. Los enviados de la Comisión Europea pueden volver como lógica medida si España se hunde cada vez más en dicho expediente sancionador reiterando sus incumplimientos de objetivo de déficit.

Pero de un brazo tira Bruselas y de otro los barones autonómicos, que quieren tener más margen de déficit en 2017. Satisfacer a, entre otros, Susana Díaz es clave para que Rajoy pueda sacar adelante acuerdos, con lo que el Estado no podrá ser más exigente con las autonomías. Una nueva y suavizada senda de déficit para ellas es uno de los primeros pasos que tendrá que confirmar el nuevo Ejecutivo.

El reto inmediato de la estabilidad presupuestaria tiene otras dos importantes dimensiones: el sistema de pensiones y la lucha contra el paro. Según el propio Gobierno, el déficit de la Seguridad Social alcanzará este año el 1,7% del PIB, unos 18.000 millones de euros, y la llamada hucha de las pensiones, el fondo de reserva, se agotará el próximo año. PP, PSOE y Ciudadanos se mostraron ayer de acuerdo en convocar el Pacto de Toledo para tomar medidas. Una de las que puede ser objeto de consenso es cargar a los Presupuestos gastos en pensiones que financia hasta ahora la Seguridad Social. Pero cuanto más se recarguen los Presupuestos, menos posibilidades hay de bajar impuestos. El PSOE ha rectificado y apoya otra vez, pese al déficit, ligar las pensiones a la inflación y subirlas en 2017 al menos un 1,2%, frente al 0,25% que defiende como máximo Rajoy para controlar el gasto.

En cuanto a la lucha contra el paro, cuanto más baje, menos gasto en prestaciones por desempleo, pero las posibilidades de acuerdo son difíciles. Rajoy se resistió ayer a derogar la reforma laboral como reclama Podemos y, teóricamente, el PSOE, pero con semejante Parlamento será difícil que profundice en ella, como reclaman la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y las agencias de calificación. Moody's apuesta que será una legislatura sin reformas de calado que mejoren la competitividad de España por la debilidad gubernamental y la fragmentación parlamentaria.

El Banco de España considera sin embargo clave que las haya para mejorar la competitividad del país y, por tanto, el crecimiento y el empleo. Además, Rajoy tiene el reto de conseguir un Gobierno que, pese a su debilidad, sea lo suficientemente creíble como para que España pueda colocar, un año más, nada menos que unos 400.000 millones de euros entre deuda pública y privada. Sólo la deuda del Estado supone tirar cada año en los Presupuestos cerca de 30.000 millones en pago de intereses. Cuanta más deuda, más vulnerables y más lejos queda la prometida bajada de impuestos.