Una de las principales obsesiones de la Generalitat es encontrar respaldos a su causa. Legitimar el referéndum ilegal del 1-O con apoyos de países extranjeros. De momento, el portazo es la respuesta obtenida. Pero, buscando esos guiños, el Govern envía un informe semanal desde el pasado 31 de agosto -briefing lo llama- a los ministros de Exteriores de países europeos con copia a las embajadas en España. En el último, el cuarto -fechado el 21 de septiembre-, el Ejecutivo de Carles Puigdemont, que dice no reconocer la legalidad española y regirse por el derecho internacional, denuncia que el Gobierno incumple la Constitución y hace "una interpretación restringida" de la Carta Magna.

El pasado 31 de agosto, la Generalitat envió un correo a las embajadas y ministros explicando que el "Ministerio de Asuntos Exteriores de Cataluña se compromete a garantizar que los partidos internacionales tengan acceso a información fidedigna sobre el panorama político en el que se celebrará el referéndum. Para este fin, del 31 de agosto al 3 de octubre, se enviará un briefing semanal»" a unos contactos limitados.

EL MUNDO ha tenido acceso a esos briefings. En el último, la Generalitat ofrece su versión sobre la realidad de lo sucedido y construye su propia fotografía para vender el referéndum en el resto de países presentándose como víctima. Las últimas actuaciones judiciales y policiales -detenciones y registros- se califican como "flagrante ataque al principio de autogobierno reconocido en el artículo 13 de la Constitución".

La Generalitat, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, presume en las últimas semanas de estar por encima de los jueces y las leyes españolas -que no pueden inhabilitarlos, dicen- y que Cataluña se rige ahora por "el derecho internacional". Sin embargo, en el último informe remitido a las embajadas y ministros de Exteriores desgrana las acciones llevadas a cabo por la Justicia y las fuerzas de seguridad, presentándolas como vulneraciones de la Constitución, concretamente de los artículos 20 -por entrar en sedes de medios-; el 21 por "suspender eventos y reuniones políticas"; el 156 por tomar el control sobre las cuentas catalanas; o el 18 por intervenir las papeletas y sobres electorales.

"A pesar de estos acontecimientos, los preparativos continúan para asegurar que todo esté listo para la votación del 1 de octubre", es el mensaje de tranquilidad que lanza la Generalitat.

En la imagen que quiere construir el Govern, todas estas actuaciones del Estado constituyen "una interpretación restringida de la Constitución" y que se "ha impuesto un estado de excepción no declarado, lo que se traduce en una atroz violación de los mismos derechos y libertades que la Constitución ampara". No obstante, adjunta con el informe las dos leyes del referéndum y la desconexión suspendidas por el propio TC.

El Govern también aprovecha los briefings para transmitir el mensaje de que la sociedad catalana respalda la independencia. En el informe tres, el Govern presumía de que "por sexto año consecutivo sobre un millón de personas inundaron las calles de Barcelona el 11 de septiembre". En el cuarto, desgrana que la reacción a las actuaciones de las "fuerzas policiales" fueron manifestaciones en "43 ciudades de toda España" y en Barcelona, "una manifestación de 14 horas" con "40.000 personas".

Los informes, permiten conocer detalles de cómo prepara la Generalitat el 1-O. Así, avanza que la Sindicatura Electoral de Catalunya -disuelta por el Govern este viernes para no pagar la multa del TC- completó la acreditación de 11 organizaciones de la sociedad civil que habían solicitado publicidad y cobertura de noticias en espacios y medios públicos. O que el mismo organismo cerró "el proceso para que los partidos políticos y las organizaciones nombren representantes y auditores para asistir a la votación", además de concluir el proceso de selección de los ciudadanos que trabajarán como agentes de las mesas.

En el tercer informe, la Generalitat confirma que el voto "fuera del país ha comenzado, permitiendo la participación en el referéndum de miles de catalanes registrados con residencia permanente en el extranjero". Según el documento, la Sindicatura también validó dos misiones de observación internacional con "expertos electorales" de países como Francia, Irlanda, Nueva Zelanda,Polonia, el Reino Unido y Estados Unidos.

El primero de los informes elaborados, enviado el 31 de agosto, era un informe titulado El legítimo derecho de Cataluña a decidir, en el que un grupo de expertos en derecho internacional de universidades de Suiza, Portugal, Francia y EEUU reflexionaban sobre la supuesta legitimidad del referéndum.