'Niebla de guerra' en la lucha contra la corrupción
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Las Islas Baleares acabaron el pasado año en la parte alta de la clasificación de personas procesadas por corrupción en toda España, notablemente por encima de las cifras registradas en otras comunidades autónomas como Madrid o Valencia, mucho más pobladas pero donde ese año hubo en total menos personas juzgadas por delitos contra la administración pública.
Así se desprende de las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acaban de actualizarse con los últimos datos oficiales correspondientes al último trimestre de 2017, y que pueden consultarse a través de la web del órgano de gobierno de la judicatura.
De las 411 personas contra las que los tribunales dictaron autos de procesamiento o de apertura de juicio oral (fases del procedimiento judicial que se inician cuando existen indicios claros de posible culpabilidad) por delitos de corrupción, un total de cuarenta lo fueron en las islas. Con especial concentración de procesos durante el segundo trimestre del año pasado, donde fueron enviadas al banquillo 27 personas.
Aunque la cifra global es sensiblemente menor que la que registró la comunidad autónoma que lideró ese ranking, Andalucía, con 144 personas procesadas, es proporcionalmente mayor si se pone en relación con el número de habitantes. En las Islas, donde residen algo más de un millón de personas, una de cada 29.000 personas fue procesada. La cifra es mayor en comparación con la proporción andaluza, donde lo fue una de cada 58.000 personas. En términos relativos, por tanto, Baleares fue la que más personas en esta situación registró, seguida de las Islas Canarias.
Obviamente, la estadística contempla las personas afectadas por procedimientos abiertos, y por tanto no significa que exista más corrupción, aunque sí más corrupción investigada y puede tomarse como un termómetro de la labor desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción. La estadística también se dispara con los casos con muchas personas implicadas. De las 26 sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas en España durante el último trimestre del año 2017, un total de 7 lo fueron en Baleares. Sólo Andalucía (5 sentencias) y Valencia (3) registraron más de dos condenas de este tipo, a tenor de los datos difundidos por el CGPJ.
Resulta llamativo que de esas 7 sentencias sólo una llegó tras la celebración de un juicio, ya que seis fueron condenas por conformidad entre Fiscalía y acusados. Son los famosos pactos con los que se han zanjado en los últimos meses buena parte de los procesos impulsados por Anticorrupción. Sólo ocho de esas 26 sentencias fueron por conformidad, aglutinando Baleares la abrumadora mayoría.
En lo que respecta a la fase de instrucción, el filtro previo a la apertura de juicio, los jueces concluyeron 8 causas por corrupción en 2017. Del total de 40 personas que fueron al banquillo, 33 eran hombres y 7 mujeres. La mayoría de los procesados por corrupción son españoles, 39, y solo uno es un ciudadano extracomunitario.
En todo el país, los jueces españoles abrieron juicio por delitos de corrupción a 411 personas, mientras que, durante ese mismo ejercicio, hubo 126 sentencias por delitos de este tipo en primera instancia, de las cuales el 73 % fue condenatoria.