Andalucía

Aznalcóllar: un caso aún vivo

CASO AZNALCÓLLAR

Los accesos a las cortas mineras de Aznalcóllar, en una imagen anterior a la adjudicación. JESÚS MORÓN

La juez abre nuevas líneas de investigación y quedan numerosas incógnitas aún por resolver

La Intervención del Estado ve "deficiencias" pero no trato de favor en el concurso de Aznalcóllar

Fue en vísperas de otras elecciones autonómicas, las de 2015, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía dio orden de entregar la mina de Aznalcóllar a la empresa que había resultado adjudicataria en el concurso que su gobierno había convocado. Ello a pesar de que por aquel entonces, el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla llevaba ya varios meses investigando las supuestas irregularidades en aquel procedimiento.

Ella misma había paralizado la entrega del yacimiento minero sevillano tras el escándalo desatado por la investigación judicial, pero meses después dijo que contaba con el aval de los servicios jurídicos de la Junta y dio por cerrado, en la práctica, el caso. Casi tres años después de aquello y de numerosas idas y vueltas, la mina de Aznalcóllar sigue en manos de Grupo México -a través de su filial Minera Los Frailes- y vuelve a haber elecciones a la vista mientras la investigación penal continúa viva. Estos son los interrogantes, nuevo y antiguos, que todavía no tienen respuesta:

  1. ¿Ocupas en la mina? Uno de los principales interrogantes, y también de los más recientes, es si la Junta de Andalucía ha cumplido con la ley y ha entregado el yacimiento de Aznalcóllar a sus adjudicatarios con todos los papeles en regla. En concreto, si Minera Los Frailes -o Grupo México, que es lo mismo- cuentan con el título acreditativo de la concesión minera. Más aún, si este título se ha formalizado. La duda la ha planteado en varias ocasiones la empresa que denunció el presunto amaño en el concurso, Emerita Resources, que llegó a plantear una demanda por la jurisdicción contenciosa al entender que la entrega del yacimiento es ilegal. De lo mismo sospecha la organización Ecologistas en Acción, que ha pedido a la juez Patricia Fernández que averigüe si Minera Los Frailes ocupa legalmente las instalaciones mineras y si los trabajos que ya ha realizado son o no legales. La juez, en este caso, ha accedido a la petición y ya ha reclamado a la Junta los papeles.
  2. «Deficiencias en el concurso. Uno de los últimos hitos de la instrucción del caso Aznalcóllar fue la remisión del informe que la magistrada titular había encargado a la Intervención General del Estado acerca de la tramitación del procedimiento administrativo por el que se convocó el concurso y se adjudicó la mina. Los peritos determinaron que hubo «debilidades» y «deficiencias», aunque no encontraron indicios de que se hubiera producido un trato de favor hacia la empresa que se ha quedado con el yacimiento. El concurso no fue, de ninguna manera y según los peritos, perfectos, aunque la responsabilidad, a su juicio, sería exclusivamente de la Junta de Andalucía.
  3. Correos desaparecidos. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizaron un total de 124.012 correos electrónicos de las cuentas oficiales de los funcionarios y altos cargos involucrados en el concurso minero. No encontraron evidencias, al igual que la Intervención del Estado, de que se hubiese amañado para beneficiar a Grupo México y Minorbis (del Grupo Magtel), pero advirtieron de la desaparición de un parte de los mensajes. En el informe que remitieron en octubre de 2017 a la juez Fernández, los agentes alertaron de que un número indeterminado de correos correspondientes a «períodos clave» del concurso no estaban en los servidores de la Junta.
  4. ¿Magtel, sólo un conseguidor? Entre las incógnitas que no ha resuelto, aún, la investigación de la UCO -y que planteó la Audiencia de Sevilla cuando reabrió la causa- es cuál fue el papel real del grupo Magtel, que a través de su filial Minorbis fue la empresa que se presentó al concurso y que lo ganó. Decía contar entonces con el aval de la multinacional Grupo México, pero finalmente ha sido esta última la que se ha hecho cargo del yacimiento y ha comenzado los trabajos de investigación a través de una filial, Minera Los Frailes, en la que Magtel tiene una presencia marginal. La Audiencia sospechaba que la empresa cordobesa podría haber actuado como conseguidora y que podría haber logrado una comisión de 1,2 millones de euros de los mexicanos. A ello se suma la investigación abierta por la justicia mexicana, que apunta a sobornos para conseguir la mina.
  5. Los otros frentes judiciales. La causa que instruye la juez Fernández por la vía penal no es el único frente judicial que tiene abierto Aznalcóllar. Hay otros tres órganos judiciales de lo Contencioso Administrativo en los que se dirime la legalidad de la adjudicación de la mina. Y a éstos hay que sumar la investigación que tiene en marcha un juzgado de Sanlúcar la Mayor por los vertidos tóxicos detectados desde las instalaciones mineras sevillanas al cauce público. La Fiscalía vio necesario pedir un informe pericial después de que algunos expertos detectasen posibles filtraciones tóxicas.