«Lo importante no es el habitáculo sino las condiciones». La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, tiene claro que el traslado de medio millar de inmigrantes irregulares a las instalaciones de la futura cárcel de Archidona sólo sería cuestionable si el régimen y las condiciones de internamiento fueran las mismas que las de un centro penitenciario. Pero no es el caso, a su juicio. Tárrago ha intervenido este jueves ante la polémica decisión del Ministerio del Interior de utilizar la recién construida cárcel malagueña como centro temporal de atención de inmigrantes, tras la llegada masiva de pateras a las costas españolas (principalmente las andaluzas y recientemente también las murcianas), que ha colapsado otras dependencias expresamente destinadas a tal fin.

Para la titular de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el aval a esta decisión dado por los cinco jueces de Instrucción de Cartagena que tramitan los expedientes es también una garantía de que se están protegiendo los derechos de estas personas. «Todavía no es una cárcel», ha insitido al respecto Ana Tárrago. Instituciones Penitenciarias tenía previsto inaugurar el centro de Archidona el próximo mes de enero.

Sin embargo, las críticas a la decisión del Gobierno, lejos de amainar tras las explicaciones dadas por el Ministerio del Interior, se recrudecieron ayer. Además, el sindicato de prisiones Acaip ya ha presentado sendas denuncias ante los juzgados de Archidona y Vera (Almería), por posibles delitos de detención ilegal, estafa procesal, falsificación de documentos públicos y desobediencia. El sindicato subraya en su denuncia que la autorización concedida por los jueces para el traslado se dio en función de un dato «falso», ya que el Gobierno informó a los instructores de la disponibilidad del centro de Archidona como un centro «no penitenciario».

Acaip ha reclamado también la puesta en «libertad inmediata» para todos los internos, un total de 507 hombres, mayores de edad, y procedentes de Argelia, que arribaron a las costas andaluzas y de Murcia durante el fin de semana.

Las quejas le han llegado al Gobierno desde todos los grupos de la oposición y desde el Gobierno andaluz. Pero también desde varias organizaciones no gubernamentales como Cáritas Española, que ha solicitado al Defensor del Pueblo que intervenga para que se ponga en libertad a los internos.

La utilización de centros temporalmente habilitados para atender a inmigrantes en situaciones de emergencia es una medida admitida pero sólo cuando se demuestra que no hay plazas disponibles en otros centros del país, hecho que, en este caso, no se ha producido, según Cáritas. «No consta que se haya intentado el traslado a otros centros de internamiento del Estado», afirma la organización en la queja trasladada a la oficina del Defensor, en la que lamenta la «criminalización» de un colectivo que no ha cometido «ningún delito» y el «mensaje» que con actuaciones como ésta se traslada a la población.

Por contra, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, se preguntaba ayer si, en lugar de utilizar unas instalaciones nuevas en desuso, quienes critican la medida prefieren «que se instalen tiendas de campaña como en otros países europeos».

Mientras en el exterior la polémica arrecia, en el interior de la cárcel de Archidona los internos han podido tener un primer encuentro con varios abogados, a los que han trasladado su «desconcierto y nerviosismo», según declaraciones de la presidenta de la organización Málaga Acoge, Arantxa Triguero, recogidas por la agencia EFE, en las que subrayó que la conversación se produjo con mamparas entre los inmigrantes y los letrados, «como en los centros penitenciarios».